CONFER, Cáritas y Justicia y Paz se manifestan contra la directiva de retorno de la UE

16 06 2008

El Área de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas Española y la Comisión General de Justicia y Paz de España han elaborado un comunicado conjunto expresando el rechazo a la Directiva Europea de Retorno de inmigrantes en situación irregular.

El Comunicado, dirigido al “Parlamento Europeo, y especialmente a los europarlamentarios españoles”, que debatirán dicha Directiva los días 18 y 19 de junio, se adhiere a la reflexión del Pontificio Consejo para Migrantes e Itinerantes y al conjunto de las Iglesias europeas que también han pedido la retirada de la Directiva, por entender que “limite seriamente los derechos fundamentales de los migrantes y supone un retroceso en la construcción de un verdadero espacio europeo de libertad, justicia y seguridad”.

“La creación de centros de detención para menores extranjeros no acompañados supone una vulneración flagrante de la Convención de los Derechos del Niño” como denuncian en el propio manifiesto las tres instituciones firmantes. Asimismo, “el sistema planteado por la Directiva revela la intención de criminalizar” y el manifiesto recalca que “la inmigración no es un delito y los migrantes no pueden, en consecuencia, ser tratados como delincuentes”, por infringir una norma administrativa.

Directiva de la verguenza

Manifiesto

En las últimas semanas se han producido avances preocupantes de cara a la aprobación de la denominada Directiva sobre Retorno de la Unión Europea acerca de “los procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio“. Esta norma, que recibió el visto bueno de los Ministros de Interior de la UE el 5 de junio, será debatida en el pleno del Parlamento Europeo los próximos días 18 y 19 de junio.

Cáritas Española, el Área de Justicia y Solidaridad de CONFER (Conferencia Española de Religiosos) y la Comisión General de Justicia y Paz, unidos a la reflexión que sobre este tema han aportado tanto el Pontificio Consejo para Migrantes e Itinerantes como nuestros hermanos de la Iglesias europeas, expresan ante la opinión pública y los responsables políticos su oposición a la aprobación de una Directiva que, a nuestro entender, limita seriamente los derechos fundamentales de los migrantes y supone un retroceso en la construcción de un verdadero espacio europeo de libertad, justicia y seguridad.

Manifestamos, por ello, lo siguiente:

  • – El texto que va a ser debatido en el Parlamento Europeo no responde al objetivo inicial planteado en septiembre de 2005, de dotar a la UE de un elemento integrador en la construcción de una política migratoria común. Las sucesivas enmiendas al proyecto original se centran exclusivamente en factores como la seguridad y el control de flujos, y marginan aspectos esenciales como son la creación de cauces legales para la inmigración, o la necesaria vinculación entre las políticas de migración y las políticas comerciales y de cooperación de la Unión.
  • – Esta Directiva, lejos de garantizar los derechos de los migrantes en situación irregular, supone una grave legitimación de la capacidad de los Estados Miembros para limitarlos aun más, en contra de los Convenios y los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por cada uno de ellos.
  • – Esta Directiva contradice, en sus términos actuales, el espíritu del Tratado de Lisboa, que reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea con el mismo valor jurídico que los Tratados.

Con relación a las medidas contempladas en la Directiva sobre Retorno, denunciamos estos aspectos:

  • – El alargamiento del internamiento de extranjeros en situación irregular hasta un máximo de 18 meses no representa garantía alguna para el migrante ni una medida efectiva en la lucha contra la inmigración clandestina. Recordamos que el internamiento tiene como único objetivo la correcta identificación del extranjero como nacional de un tercer Estado de cara a su repatriación o expulsión.
  • – El sistema planteado por la Directiva, además de caro e ineficaz, revela la intención de criminalizar –con la dureza de un internamiento de hasta de un año y medio– a quién únicamente ha infringido una norma de carácter administrativo. La inmigración no es un delito y los migrantes no pueden, en consecuencia, ser tratados como delincuentes.
  • – La creación de centros de detención para menores extranjeros no acompañados supone una vulneración flagrante de la Convención de los Derechos del Niño. Significa, además, una grave medida hacia la cristalización de una política migratoria que ignora las causas de un fenómeno global como el de la migración y trata como “migrantes clandestinos” a las víctimas más indefensas. En la Directiva sobre Retorno, los menores son tratados como extranjeros, no como niños.
  • – La prohibición de entrada por un máximo de 5 años es un paso más en esa criminalización de la inmigración, porque castiga doblemente al extranjero en situación irregular, al que, tras ser expulsado del territorio de la Unión, se le niega toda posibilidad de volver a entrar por cauces legales. Esta medida supone un obstáculo añadido y un factor de mayor desprotección para los solicitantes de asilo y refugio.

Por todo ello, instamos al Parlamento Europeo, y especialmente a los europarlamentarios españoles, a que reflexione sobre el histórico y decisivo papel al que se enfrenta en esta ocasión, en la que debe velar especialmente por la defensa de los valores y libertades fundamentales que constituyen la base y el espíritu del proyecto europeo.

Exhortamos a los miembros de la Eurocámara a que rechacen esta Directiva en sus términos actuales y a que no participen como responsables en la aplicación de una política indiscriminada de criminalización de la inmigración.

Invitamos, por último, al Parlamento Europeo a escuchar la voz de la ciudadanía y de todos los movimientos sociales a los que representa para que insten a los Gobiernos de todos los países miembros a ratificar la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias”, en vigor desde el 1 de Julio de 2003.

Madrid, 13 de junio de 2008

Cáritas Española

Área de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER)

Comisión General de Justicia y Paz

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One response

17 06 2008
Acto contra la directiva de la vergüenza « Blog de Orcasitaspreciosa

[…] (CONFER), Cáritas Española y la Comisión General de Justicia y Paz de España han hecho público un manifiesto mostrando su oposición a esta aprobación por la grave vulneración de derechos que ello […]

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